El conflicto más largo en Latinoamérica
El contexto de violencia en Colombia ha sido una realidad desde sus inicios como nación independiente.
Si bien, el desarrollo del conflicto ha tenido distintas etapas, para su población no existe otra realidad social, económica y política en donde la violencia no haya estado presente.
Entre 1985 y 2010, el conflicto armado en Colombia generó, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, un total de 220,000 muertes, de ellas el 18.5 % eran combatientes y el resto, 81.5%, población civil.
Aunado a esto, según cifras del Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia, 8, 332, 081 personas resultaron afectadas, de las cuales el 50% eran mujeres.
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Si bien, la violencia hacia las mujeres no surge del conflicto armado, es un elemento que se incrementa durante el enfrentamiento.
En el contexto colombiano, los múltiples actores involucrados (Estado, grupos paramilitares, guerrillas y crimen organizado) emplearon la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra.
Únicamente entre 2001 y 2017 se registraron 1.4 millones de mujeres colombianas que fueron víctimas de este tipo de violencia, excluyendo todas sus demás formas de expresión.
También es necesario comentar que la organización y participación de las mujeres resultó clave para el proceso y resultado del acuerdo de paz alcanzado en el 2016, colocándose como un referente histórico para la región, aunque en un inicio el proceso fue excluyente.
Inicio de las negociaciones de los procesos de paz: Sin las mujeres
No fue hasta el 2012 que el gobierno de Juan Manuel Santos dió comienzo a las conversaciones exploratorias con el objetivo de consolidar el proceso de paz, fallido en ocasiones anteriores.
En este año, 2012, se anunció el comienzo oficial de las negociaciones.
Como resultado, las partes involucradas, FARC-EP y Gobierno de Colombia, firmaron una hoja de ruta estableciendo cinco directrices:
1) el problema de la tierra,
2) el abandono de las armas,
3) la entrada a la vida política de los excombatientes,
4) la solución al narcotráfico y
5) reparación a las víctimas del conflicto.
Se figuraba un camino esperanzador para la población colombiana y su recorrido histórico en la búsqueda de la paz.
Sin embargo, la construcción del futuro del país no incluía la voz y representación oficial de las mujeres, pues todos los plenipotenciarios designados en la mesa de conversación fueron hombres.
La paz sin las mujeres ¡NO VA!
Una negociación sin la representación de la mitad de la población colombiana, cuyos cuerpos y mentes han quedado marcados física, psicológica, sexual y moralmente, resultaba absurda.
Ante la situación de exclusión y marginación en el camino político hacia la paz, las mujeres, quienes habrían contribuido a través de múltiples acciones a la reconstrucción del tejido social, externaron su descontento a través del manifiesto “La paz sin las mujeres ¡No va!”
«Nosotras, las mujeres (…) afrodescendientes, indígenas, campesinas,urbanas, jóvenes, adultas, del arte y de la cultura, de organizaciones de mujeres,feministas, sociales, populares, partidos políticos, sector LGTBI; (…) nos negamos a seguir siendo las pactadas de la cultura patriarcal, queremos ser pactantes del nuevo contrato social que deriva del proceso de diálogo (…)»
Este texto fue un llamado hacia las partes negociadoras y la comunidad internacional para el apoyo y reconocimiento del papel indispensable de las mujeres como sujetas políticas en los diálogos oficiales y futuros procesos políticos.
A su vez, los instrumentos internacionales contraídos por el gobierno colombiano fungieron como una base para materializar sus reclamos.
Entre los más relevantes se encontraba la Resolución 1325 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual exhorta al reconocimiento de las afectaciones diferenciales que los conflictos producen en la vida de las mujeres, así como su capacidad en la construcción de la paz
Sus demandas fueron escuchadas y en el año 2013 se nombraron a tres mujeres como plenipotenciarias en las conversaciones, 2 por parte del gobierno colombiano y 1 por parte de las FARC-EP.
Derivado de los logros políticos, en el año 2014 se crea la “Subcomisión de Género”, la primera de este tipo en el mundo, con la finalidad de incorporar la perspectiva de género en el acuerdo y en cada uno de los puntos abordados.
Esta se encontraba compuesta por 10 miembros, cinco de las FARC-EP y cinco del Gobierno de Colombia.
Colombia, perspectiva de género en el Acuerdo de Paz
El 26 de septiembre de 2016 se firma el histórico Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.
No sólo representó una oportunidad de poner fin a un conflicto violento, prolongado y trágico, sino que las mujeres lograron que se constituya como el primer acuerdo de paz en incorporar una perspectiva de género.
Los puntos abordados en el acuerdo fueron: 1) Poner fin a la guerra, 2) Participación política y democrática, 3) Reforma agraria, 4) Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, 5) Combate al narcotráfico y 6)La implementación del acuerdo.
Compromisos cumplidos y pendientes: A 5 años del Acuerdo de Paz
Cinco años resultan insuficientes para el cumplimiento a cabalidad de todos los puntos acordados.
Siendo el primero en incorporar una perspectiva de género y respondiendo a una demanda histórica y pendiente, las mujeres y su nueva realidad hacen frente al proceso de implementación del Acuerdo de Paz, pues su éxito, evolución o fracaso impactará en su presente y futuro.
Así, aunque de los puntos abordados en el acuerdo el que más ha tenido desarrollo ha sido el de “Derecho a las víctimas”, el rezago en la implementación de la perspectiva de género es evidente.
Dicho rezago no sólo respondema una temporalidad, sino a una falta de presupuesto, poca experiencia técnica y capacitación de los funcionarios de gobierno, es decir, a una falta de voluntad política.
Es necesario enfatizar que la violencia sexual y el desplazamiento forzado constituían las principales afectaciones en la vida de las mujeres durante el conflicto.
Ante este escenario, se tomaron medidas sobre el acceso a la educación y salud sexual-reproductiva.
Cifras arrojan que solamente el 20% de las medidas se han implementado de manera oportuna.
A su vez, la violencia de género ha aumentado, registrando tan sólo en el 2020, 359 feminicidios en el país.
La desigualdad salarial, el insuficiente acceso al mercado laboral y la escasa corresponsabilidad al interior de los hogares se suman a las múltiples desigualdades presentes en la vida de las mujeres.
Por otra parte, la participación en la vida política no está exenta de obstáculos estructurales.
Si bien, el acuerdo puntualiza la participación política y democrática, en realidad sólo existe una representación del 20% en el congreso, a pesar de constituir el 52% del censo electoral.
Esto no sólo impacta en la ausencia de representación para la construcción de políticas públicas, sino que se refleja proporcionalmente en la violencia en la que se ven expuestas, pues sin representación no hay visibilidad.
Las mujeres colombianas, una vez más, se movilizaron para exigir su lugar en la toma de decisiones.
En septiembre del presente año, en conjunto con ONU Mujeres Colombia, se lanzó la iniciativa “Más mujeres, más democracia, rumbo a la paridad” con la finalidad de promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el contexto electoral y político, representando una oportunidad de cambio en las elecciones que se aproximan en el 2022.
Las elecciones de 2022 serán un evento importante en la definición de la vida política del país, ¿Se logrará un aumento significativo de representación de las mujeres en la vida institucional? Y si es así ¿Qué efectos tendrá sobre la implementación del Acuerdo de Paz, y por lo tanto, en la vida cotidiana de las mujeres colombianas?
Presente y futuro: Mujeres constructoras de paz
A más de seis décadas del inicio del conflicto contemporáneo en Colombia, alcanzar la paz aún resulta una utopía.
Es un hecho que el Acuerdo de Paz, con sus compromisos pendientes y aspectos a mejorar, representa la esperanza materializada del pueblo colombiano.
Excluir o rezagar la perspectiva de género, en el primer acuerdo que la incluye, significa poner en riesgo tanto el acuerdo mismo como la posibilidad de alcanzar una paz duradera.
Pero los múltiples actores (Estado, grupos paramilitares, guerrillas, grupos del crimen organizado e influencia extranjera), junto con sus propios intereses, aumentan el nivel de complejidad para su solución.
El proceso de paz no es estático. La realidad compleja y cambiante, tanto a nivel nacional como regional, constituye un reto para la paz misma.
Colombia no ha sido Colombia sin un conflicto.
La población colombiana, por generaciones, ha vivido inmersa en las armas, la desconfianza, el miedo, la polarización y sobre todo, la violencia.
Por consiguiente, tanto las relaciones interpersonales como públicas se han visto afectadas por esta lógica.
Aunado a esto, el militarismo, refuerza y mantiene esta estructura patriarcal de dominación, violencia y desigualdad que afecta directamente a las mujeres, hombres y su rol en la sociedad.
Desarticular la dinámica de la guerra y el militarismo es esencial para la construcción sostenible de la paz.
Reconocer y entender la participación activa y propositiva de las mujeres es visibilizar su lugar como sujetas políticas y no exclusivamente como víctimas.
La organización y movilización histórica de las mujeres colombianas constituye un precedente para la lucha de las mujeres latinoamericanas que se enfrentan a realidades similares.
La vida política, social y económica de Colombia sin las mujeres no va. Sus cuerpos, vidas y mentes han sido testigos, protagonistas y víctimas del conflicto armado.
La falta de cumplimiento del acuerdo es un riesgo que no están dispuestas a correr. Su papel como constructoras de paz ha llegado para quedarse. La paz sin ellas no va, no irá.
Gelmy Lissete Brito Rosado
Estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Diplomado del Idioma de Chino Mandarín por el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán y Curso del Idioma de Chino Mandarín en la Universidad de Sun-Yat Sen.
Maria Paola Castillo Conde
Estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Delegada juvenil de la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y Voluntaria activa en organizaciones sin fines de lucro enfocadas a la asistencia social.
Referencias bibliográficas
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