POR: Juan Manuel Torres Colina

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Markus Spiske

El estado de excepción es un mecanismo en el que los Estados recurren como última instancia para enfrentar situaciones de guerra, crisis grave y estado de emergencia, en la actualidad nos encontramos ante una crisis sanitaria que ha puesto en riesgo a la población por el contagio de un virus conocido como COVID 19, el cual todos sabemos que es altamente contagioso y hasta la fecha estamos en proceso de producción y distribución de vacunas, por lo que los Estados han tomado diferentes medidas enmarcadas en esta figura jurídica para salvaguardar la salud y la vida de las personas, es en este contexto que podría justificarse como medida de protección de derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho, sujetándose a los debidos controles normativos de cada país, en el caso mexicano lo encontramos en artículo 29 del texto constitucional. 

En primer lugar, nos remitimos a Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, mismo que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, al respecto en su artículo 4° menciona que “en situación excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”. 

person behind mesh fence
Mitchel Lensik

En el ámbito del sistema americano, el estado de excepción se encuentra en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH, el cuál se refiere a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, en caso de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, en este sentido se faculta para que se tomen las medidas que sean necesarias por el tiempo que exija la situación, que estas disposiciones no sean incompatibles con el derecho internacional y no sea discriminatoria la medida. Algunos derechos que no se pueden suspender son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, entre otros.

En cuanto a la interpretación de las medidas antes mencionadas, el Estado debe proteger la esfera jurídica del gobernado en la mínima medida posible y en ningún caso deberá establecerlas como permanentes.

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Gonzalo Kenny

En el contexto latinoamericano se han adoptado medidas extraordinarias frente a la COVID-19, afectando derechos fundamentales importantes (como el derecho a circular libremente, la libertad de reunión, el derecho a la libertad personal). Algunos países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, han notificado la existencia de tales medidas extraordinarias de manera oficial a la ONU o a la OEA, lo que permite un mayor grado de transparencia. Menos de una tercera parte ha notificado a las organizaciones internacionales. 

Entre los elementos que debe tener el estado de excepción según los instrumentos internacionales encontramos los siguientes:

  1. Se justifica de manera excepcional; 
  2. La suspensión de derechos es por el tiempo limitado; 
  3. Las medidas que sean adoptadas deben ser proporcionales; y, 
  4. Estas disposiciones no deben ser incompatibles con las demás obligaciones contenidas en el derecho internacional.

En los grupos en situación de vulnerabilidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explica las situaciones particulares de los siguientes grupos: (a) personas mayores; (b) personas privadas de libertad; (c) mujeres; (d)pueblos indígenas; (e) personas migrantes, solicitantes de asilo …; (f)niños, niñas y adolescentes(g) personas LGBTI; (h) personas afrodescendientes; y, (i)personas con discapacidad. 

En general, recomienda a los Estados miembros a tomar en cuenta los requerimientos de cada uno de estos grupos y las necesidades que tienen.

Cualquier restricción a derechos humanos en el contexto de la pandemia debe fortalecer de manera directa la capacidad de proteger el derecho a la vida y a la salud.  Nuestra carta magna hace mención de que la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en la normatividad y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación, esto con la finalidad de reducir la arbitrariedad y las facultades discrecionales de los poderes e involucrados, específicamente del ejecutivo federal. 

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Mick Haupt

A manera de corolario debemos saber qué estado de excepción es una figura jurídica contenida en instrumentos internacionales y armonizada en las legislaciones nacionales en la que debe implementarse de manera excepcional tendientes a salvaguardar en todo momento derechos fundamentales y su amplia protección.    


Juan Manuel es candidato a Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Anáhuac, Mayab; Coordinador de Ciencias Sociales e Ingenierías en la Universidad del Valle de México campus Mérida y profesor de asignatura de Derecho, Relaciones y Negocios Internacionales; Especialista en Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Energéticos.


Bibliografía

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consúltese en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, consúltese https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consúltese http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 


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abril 06, 2021

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